Las personas defensoras del medio ambiente y del territorio en Guatemala enfrentan algunos de los niveles de riesgo más altos del mundo. Según Global Witness (2025), 146 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas o desaparecidas forzosamente en todo el mundo durante 2024, muchas de ellas por oponerse a industrias extractivas como minería, tala y agroindustria.

Dentro de esta crisis global, Guatemala destaca por sus cifras alarmantes: los asesinatos aumentaron de cuatro casos en 2023 a 20 en 2024, convirtiendo al país en el que registró el mayor número de asesinatos de personas defensoras por habitante ese año. Este incremento se produjo en un contexto marcado por una histórica desigualdad en la tenencia de la tierra, una débil protección de los derechos de los pueblos indígenas y la persistencia de redes de corrupción.

A pesar de la elección del presidente Bernardo Arévalo y de una agenda política más inclusiva, los ataques se intensificaron, lo que evidencia cómo los cambios políticos que desafían a las élites tradicionales pueden provocar una reacción violenta como respuesta. La defensa del medio ambiente sigue siendo una actividad de alto riesgo, especialmente para las comunidades indígenas y campesinas, que se ven afectadas de manera desproporcionada y continúan enfrentando criminalización, amenazas, desalojos forzosos y violencia.

Estos conflictos suelen estar vinculados a proyectos extractivos implementados sin procesos de consulta previa, poniendo en riesgo las fuentes de agua, los ecosistemas y los medios de vida de las comunidades. La presencia del crimen organizado en regiones estratégicas, junto con un sistema de justicia ineficaz, refuerza un ciclo de violencia e impunidad. En este contexto, defender el territorio y el medio ambiente se convierte no solo en una lucha por los derechos, sino también en un acto profundamente peligroso.

Al mismo tiempo, la situación de las y los periodistas en Guatemala refleja la crisis democrática que atraviesa el país. En los últimos años, las y los periodistas han enfrentado una creciente criminalización, persecución judicial, presiones económicas, amenazas, acoso, vigilancia y exilio forzado como parte de esfuerzos más amplios para silenciar a los medios de comunicación independientes y de investigación.

Según un informe de Civitas y Article 19, estos ataques no se limitan a la intimidación, sino que también incluyen violencia letal: entre 2011 y 2020 se documentaron al menos 21 asesinatos selectivos y 28 homicidios de periodistas. Datos más recientes de la UNESCO muestran que la impunidad sigue siendo una característica estructural de los crímenes contra periodistas, ya que la mayoría de los asesinatos de periodistas en el mundo permanecen sin castigo, una tendencia que también se refleja en Guatemala.

Si bien estos riesgos afectan a periodistas de todo el país, las y los periodistas comunitarios e indígenas que trabajan en zonas rurales enfrentan peligros aún mayores debido a su cobertura de temas como los derechos sobre la tierra, los conflictos ambientales, la corrupción y las violaciones de derechos humanos. A pesar de las protecciones legales a la libertad de expresión, continúan sufriendo intimidación, censura y violencia.

Incluso en estas condiciones, las y los periodistas guatemaltecos continúan ejerciendo su labor con resiliencia, desarrollando nuevas formas de colaboración y periodismo de investigación. Aunque la elección del presidente Arévalo despertó esperanzas de cambio, los ataques contra la prensa persisten, limitando tanto la seguridad de quienes ejercen el periodismo como el acceso de la ciudadanía a la información.